Acerca de la prueba ilicita se tiene tres posturas, unas las que están a favor de las excepciones y otras que piden se aplique la regla sin excepción alguna en salvaguardas de los derechos fundamentales, por último, Los que optan por delimitar muy bien las mismas para no depender de la discrecionalidad de los jueces quienes en estos casos suelen ser influenciados por la opinión pública (los medios en especial en casos emblemáticos) para mediante creaciones “novedosas” admitir pruebas obtenidas ilícitamente, tanto de manera directa o indirecta a la vulneración de derechos fundamentales.
Posición a favor de aceptar pruebas ilícitas en el proceso:
- Prioriza la verdad, priorizando la finalidad epistemológica del proceso.
- Hace más fácil la labor de investigación de los policías o fiscales en su lucha contra la criminalidad.
- La sociedad en general se siente más confiada en la administración de justicia, ya que consideran que se está siendo inflexible con la criminalidad, en tiempos en que por la misma evolución de las comunicaciones se siente que la criminalidad ha crecido (cuando no es necesariamente así solo que ahora nos enteramos de más cosas que hace 20 o 30 años atrás).
- Aplicar la regla de exclusión de manera total implicaría un alto costo social, ya que muchos criminales saldrían libres, a causa en muchas ocasiones de formalismos o ritualismos innecesarios en opinión de muchos.
Posición en contra:
- Se vulneran los derechos fundamentales de las personas en especial la intimidad (pero no solo aquel derecho).
- Muchas de las pruebas ilícitas por si solas no bastan para condenar al procesado.
- En la mayoría de los casos recurrir a pruebas ilícitas para formular acusaciones son a causa de una desidia de la policía (o fiscales) quienes no cumplen su labor de investigación de manera profesional.
Para la Maestría, Derecho Procesal USMP – JPMV